La Regla de Prevención y Residuos de Metano de la Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus siglas en inglés) es el epítome del sentido común. Esta regla exige a las empresas de petróleo y gas que tienen operaciones en tierras públicas federales y tribales – tierras que técnicamente son propiedad de los contribuyentes de la nación – a que usen tecnología moderna y rentable con el fin de reducir los desechos. Esto incluye detener las fugas y poner fin a la práctica de quema de gas natural.

Lo que la Administración está ignorando es que esta regla, la cual actualizó la regla previa que tenía más de 30 años, fue el resultado de una gran cantidad de aportes públicos. Se realizaron numerosas audiencias y reuniones con la industria, las tribus y el público – se tomaron en cuenta más de 300,000 comentarios. “Colorado College The State of the Rockies: Conservation in the West 2017 Poll”, la encuesta bipartidista de opinión pública encontró que el 81 por ciento de los votantes en siete estados del oeste apoyó las reglas que mitigan los desechos de gas metano en nuestras tierras públicas. El apoyo no queda solo relegado a los ecologistas; sino también a las empresas, organizaciones de salud e incluso grupos Latinos que han dado a conocer su apoyo.

En total, las estimaciones muestran que cada año se pierde alrededor de $330 millones en gas natural. Eso significa que los contribuyentes están perdiendo aproximadamente $27 millones en regalías – dinero que podría usarse para educación e infraestructura comunitaria.

Adicionalmente, el campo de mitigación de metano es una fuente creciente de empleos en los Estados Unidos. Actualmente, estas compañías ofrecen trabajos en al menos 531 locaciones en 46 estados a un salario promedio por hora de $30.88, en comparación con $19.60 para todos los empleos en los Estados Unidos. Eliminar la regla de metano es perjudicial para la creación de nuevas oportunidades de negocio y nuevos empleos en la industria energética.

A pesar de que estos números pueden ser motivación suficiente para apoyar la regla, no se está teniendo en cuenta los costos de nuestra salud si la Administración ignora las medidas para reducir los desechos de gas natural.

Cuando el gas natural, principalmente en forma de metano, se libera en el aire también se emiten otros contaminantes nocivos; como el benceno que está relacionado con el cáncer y otros contaminantes que forman ozono y pueden desencadenar ataques de asma. El impacto es aún mayor en las comunidades Latinas, dado a que enfrentan riesgos elevados por las emisiones tóxicas, según el informe realizado por National Hispanic Medical Association and Clean Air Task Force, se encontró que “más de 1.81 millones de Latinos viven dentro de un radio de media milla a instalaciones existentes de petróleo y gas y ese número crece cada año.”

Para empeorar las cosas, la NASA anunció en el 2014 que había encontrado un “punto caliente” de metano del tamaño de Delaware, que se cierne sobre la región de las cuatro esquinas y las operaciones de petróleo y gas fueron las principales contribuyentes a la propagación de metano.

En Abril, Hispanic Access Foundation firmó una carta, junto con otras 15 organizaciones Latinas, solicitando al BLM mantener la regla intacta. Esta carta también se envió como parte del período de recopilación de comentarios de BLM. Nuestro comentario, como una abrumadora mayoría de los presentados, fue a favor de mantener la regla existente firme y en su lugar.

Tenemos la responsabilidad de garantizar que la calidad del aire no perjudique a nuestros niños y comunidades. Tenemos la obligación moral de proteger nuestra tierra, aire y agua. No hay excusa para no modernizar el desarrollo de petróleo y gas, especialmente cuando nuestra salud y seguridad penden de un hilo. Más aún si los resultados originados por los cambios equivalen a cientos de millones de dólares en ahorros, ¿qué otras razones necesitamos?