Las comunidades Latinas se ven afectadas de manera desproporcionada por estas condiciones y carecen de acceso a oportunidades y/o herramientas que les permitan prepararse o adaptarse. Según la encuesta realizada por Latino Decisions en el 2018, los Latinos son más propensos a reportar que han sido afectados de forma directa por el cambio climático. Así mismo, creen firmemente que el Congreso debe tomar medidas fuertes para combatir los efectos del calentamiento global, reducir el smog y la contaminación, y aprobar leyes de energía limpia.

Cuando se adopta esta perspectiva y se combina con el creciente poder electoral de la comunidad Latina, se encuentra una fuerza política que no solo tiene el potencial para equilibrar la toma de decisiones con respecto al cambio climático, sino que de igual forma tienen un deseo creciente por hacerlo.

Por ejemplo, los Latinos tienen 165 por ciento más de probabilidades de vivir en condados con altos niveles de contaminación y 51 por ciento más de probabilidades de vivir en condados con niveles poco saludables de ozono que los blancos no Hispanos. Mientras que el 80 por ciento de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos son Latinos, el 16.8 por ciento de todos los Latinos son trabajadores de recursos naturales (agricultura, silvicultura, pesca y caza), en comparación con el 10.3 por ciento de los blancos. Las olas de calor, temperaturas más altas, sequías e incendios forestales están afectando desproporcionadamente a los trabajadores Latinos.

Las comunidades Latinas soportan una carga desproporcionada de contaminación; y todos sabemos que, en comparación con los niños blancos, los niños Latinos tienen el doble de probabilidades de morir a causa de ataques de asma. Estas tasas de mortalidad son más elevadas debido a la proximidad que tienen con plantas eléctricas: dos de cada cinco Latinos viven en un radio de 30 millas de una planta eléctrica.

En el 2011, la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) finalizó la regulación de Mercurio y Estándares Tóxicos para el Aire (MATS por sus siglas en inglés), que creó límites nacionales en la cantidad de mercurio, gases ácidos y otros contaminantes tóxicos que pueden emitir las plantas eléctricas, los cuales afectan la salud y el medio ambiente. Según un análisis realizado recientemente por Center for American Progress, entre el 2011 y el 2017, las emisiones de mercurio provenientes de plantas eléctricas se redujeron en un 81.7 por ciento. Esto no solo beneficia la calidad del aire, sino también la salud de todos, y se podría estimar la prevención anual de 11,000 muertes prematuras, aproximadamente 5,000 ataques por calor, 130,000 ataques de asma y 5,700 visitas a hospitales y salas de emergencia.

La administración Trump y la EPA, liderada por Andrew Wheeler, están buscando revertir estos estándares y otras regulaciones de la Ley de Aire Limpio.

Los votantes Latinos no solo son cada vez más conscientes de la importancia de políticas como la Ley de Aire Limpio y regulaciones como MATS, sino que también están listos para exigirle al Congreso que tome medidas con respecto al cambio climático, contaminación del aire causada por la industria de los combustibles fósiles, al igual que, preparase y mitigar el calor extremo y sequía, y proteger los recursos hídricos del país.

Queremos abordar el calentamiento global, fomentar energías renovables, garantizar la calidad del aire, preservar las fuentes de agua y brindar herramientas para que las comunidades se adapten y sean más resilientes ante los incendios forestales. Los datos de las encuestas muestran que los Latinos tienen más probabilidades de votar por candidatos que tengan formas parecidas de pensar.

Desde jóvenes millennials liberales hasta líderes religiosos conservadores, los Latinos de todo el espectro político están poniendo en práctica su pasión por el medio ambiente, protegiendo la salud y combatiendo el cambio climático. A medida que fortalezcamos nuestro potencial de voto, nuestros líderes electos deben estar más atentos a nuestra creciente comunidad Latina — quedan oficialmente notificados.

Esta es una obligación moral — una cuestión de derechos humanos — que trasciende los partidos políticos.

Chela García es la Directora de Programas de Conservación de Hispanic Access Foundation.

Temas Relacionados: